DESARROLLO RURAL

“Para muchos, la implementación de las decisiones públicas es un problema puramente administrativo, entendido como un problema técnico, de “simple” ejecución. Por el contrario, desde la perspectiva del análisis de políticas públicas, esta etapa es fundamental, porque es ahí que la política hasta este entonces, casi exclusivamente hecha de discursos y de palabras, se transforma en hechos concretos, en realidades “palpables”. (ROTH 1997).  

La política pública, la institucionalidad y las organizaciones campesinas de la reforma agraria, son claves para la solución de uno de los problemas más sensibles de la sociedad como es el problema agrario; el tema es pertinente y muy importante para el desarrollo rural, abordado desde la perspectiva de los campesinos que durante años han luchado para ser beneficiarios del subsidio de tierras.

La reforma agraria en Colombia  hace parte integral de la solución del desarrollo rural, que considere la superación de los problemas que le impiden a la sociedad rural participar de los beneficios económicos y sociales. La garantía de acceso de los pobres rurales a la tierra y de la definición de los derechos de propiedad sobre estos, es una condición para el éxito de cualquier programa que busque la reducción de la pobreza y la reconciliación nacional. 

 “La Reforma Agraria, que en Colombia ha costado mucha sangre y obtenido pocos resultados, es considerada por los publicistas del régimen como un adefesio ridículo, que sobrevive en la cabeza de unos pocos románticos pasados de moda y además derrotados. La Nueva Derecha, conocida de autos, ha creído sepultar la lucha por la tierra desvalorizando las tesis redistributivas con los argumentos de siempre: la rentabilidad, la productividad y el legítimo derecho a la expropiación del trabajo representado en la propiedad campesina” (Alfredo Molano).

Colombia tiene una larga tradición legislativa de reformas agrarias, acompañada de una ejecutoria sorprendentemente limitada [Gómez 2001]La Ley 135 de 1961 fue reformada a su vez por las leyes 1ª  de 1968, 4ª  y 5ª  de 1973, 6ª de 1975, 35 de 1982 y 30 de 1988 y derogada a su vez por la Ley 160 de 1994. “Siguiendo la tradición española que heredó Colombia, de leguleyismo y legislación que queda sólo en los papeles, en el país han sido expedidas en el siglo XX numerosas leyes sobre una supuesta reforma agraria, sin que la situación real del campesino haya mejorado en términos de dotación de tierras, pese a la tenaz y en ocasiones sangrientas luchas de ese campesinado por la tierra”.

La pobreza rural asociada a la variable ingreso, muestra que cerca del 79,7% de la población rural no recibe ingresos suficientes para una canasta básica de satisfactores mínimos, por lo cual, se localiza por debajo de la línea de pobreza. “Pero más grave aún: poco menos de la mitad el 45.9% de la población pobre rural se ubica en la categoría de indigente, esto es, en pobreza extrema”. El aumento  de la pobreza urbana se explica por el flujo de pobres rurales y, en especial, como lo menciona Manuel Pérez y Edelmira Pérez (2002), en los últimos años, esta situación aumenta con el desplazamiento por la violencia. La magnitud del fenómeno alcanzó durante el período 1996 al 2003, según los informes de la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento –CODHES-, un acumulado de 3.090.123 personas que se han visto condicionadas a migrar dentro del territorio nacional, abandonando sus localidades y actividades económicas, a causa del riesgo producido por la vulnerabilidad de su libertad e integridad física.

La gran propiedad aumentó: las fincas mayores de 200 hectáreas, que en 1984 eran el 1,3% del total de fincas y abarcaban el 47,3% de la superficie agrícola pasaron a ser el 1,1% de las fincas en 1996 y a controlar el 55,2% de la superficie, es decir, hubo menos fincas pero más grandes.  Si hacemos una comparación con la información producida en el 2002 (IGAC, Corpoica 2002), el crecimiento de la gran propiedad puede verse así: en 1984, las fincas mayores de 500 hectáreas correspondían al 0,5% de los propietarios y controlaban el 32,7% de la superficie; en 1996, este rango correspondía al 0,4% de los propietarios y controlaba el 44,6% de la superficie.  En el 2001, las fincas de más de 500 hectáreas correspondían al 0,4% de los propietarios que controlaban el 61,2% de la superficie.

La distribución de la propiedad está acompañada por un patrón de uso del suelo que favorece a la agricultura (Encuesta Agropecuaria del DANE 1996), las unidades más pequeñas (menores de 5 hectáreas), que constituyen el 46,8% de las fincas y que al mismo tiempo controlan solamente el 3,2% de la tierra, destinan el 38,6% de su superficie a usos agrícolas, en tanto que las unidades mayores de 200 hectáreas, que corresponden al 2,8% de las fincas y controlan el 39% de la tierra, solamente destinan a estos usos el 2,5% de su superficie, sin que sean evidentes diferencias en la productividad que sugieran un mejor aprovechamiento por unidad de superficie en las explotaciones mayores, (IGAC, Corpoica 2002).

Una causa importante de este fenómeno es la recomposición del latifundio ganadero, especialmente se debe a la compra de tierras por parte de los narcotraficantes en más de 409 municipios, es decir, en el 42% del total nacional. Muchas de esas tierras están consideradas entre las mejores para la producción (Reyes, 1997). Este fenómeno de compra de tierras por narcotraficantes tuvo su impacto más importante entre los años 80 y 90 (Manuel Pérez y otra 2002). El resultado ha sido la ampliación de la pobreza rural, el deterioro de extensos territorios de la frontera agrícola y la expansión de muchos de los  conflictos que hoy caracterizan a la sociedad colombiana (Fajardo y otros 1998).

Al advertirse repetidamente el carácter estructural de los conflictos agrarios (varios 1996) y las profundas relaciones existentes entre estos conflictos y el conjunto de la crisis nacional, surgen dos planteamientos: La necesidad de construir relaciones de equidad en el campo y reconocer el papel de una reforma agraria efectiva para este propósito (Machado 1998, Gómez 2001) y la relevancia central de superar los conflictos del campo, en particular los asociados con el reparto agrario y la modernización de sus estructuras productivas y políticas, para solucionar la crisis nacional, (Fajardo 2002).

“La reforma agraria se entiende como un vasto y articulado proceso de transformación en la apropiación y distribución de la tierra, en la gestión económica, las relaciones sociales, en el sistema de poder y en el conjunto de elementos que determinan en ultima instancia el desarrollo rural” (Antonio García 1973); por eso la reforma es siempre un asunto de decisión política, que busca transformar las relaciones de poder en el sector y en la economía; no es simple redistribución de la tierra.

La reforma agraria es la resultante de dos corrientes de reivindicaciones: lo social que tiene como finalidad una mejor distribución de bienes, y la económica cuyo objetivo es la implantación de unidades de producción eficaces, lo que implica, la existencia de una acción planificada, voluntaria y concertada del Estado, dirigida a transformar las condiciones de acceso a los recursos para equilibrar la estructura social (José Martínez y Janet Ruiz, 2002).

Por ello, la importancia que Antonio García y otros autores latinoamericanos le dieron a la reforma agraria, pues ella buscaba cambiar las relaciones de poder y la inequidad en el sector rural y en la sociedad en general; “ella era una decisión de carácter político más que económico, pues se trataba de formar una nueva empresa, y otra estructura social articulada a una estrategia global de desarrollo nacional”

En el país “los grandes propietarios han adquirido las mejores tierras, especialmente  aquellas que tienen perspectivas de valorización, ubicadas cerca de proyectos viales o también petroleros, mineros o hidroeléctricos. Lo que los grandes no compran se ofrece al INCORA, es decir, se está subsidiando un mercado de saldos o restos,  aunque en una proporción marginal, al fin y al cabo, el Programa de Mercado subsidiado de Tierras, tiene una pequeña incidencia en un segmento del mercado, es decir, el de ofertas de los medianos propietarios, con 223 Ha en promedio, generalmente empresarios arruinados por la apertura económica y no grandes propietarios latifundistas” (Mondragón, 1999).

Para Visbal Martelo (2000), Ex presidente de FEDEGAN, la esencia está en la distribución de la riqueza; hoy la tierra no produce riqueza, sino pobreza, hoy el valor de la tierra es inferior en 50% al que tenía en años pasados, o sea que el problema no está en el costo, sino en el financiamiento y en el valor agregado; mientras no exista un impacto empresarial, no se requiere distribuir la propiedad de la tierra.

La Reforma Agraria “debe concebirse como una Política de Estado, que garantice su continuidad en el tiempo, que asegure la transformación de la estructura social agraria con visión empresarial y la modernización del sector rural dentro de la generalidad del agro y de la población campesina.(Villalba 1999) Dentro de este propósito, la reforma agraria debe ser concebida como una estrategia global de desarrollo rural, de modo pues, que estos son los principios generales y, reitero, son competitividad, sostenibilidad, equidad, transparencia y eficiencia”

En el caso de Silvania, donde tenemos un antecedente histórico tan importante desde el año 1938, es importante profundizar en un aspecto que es trascendental, en Silvania la reforma agraria aunque permitió el acceso a la tierra de muchos campesinos, generó fraccionamiento de la mediana propiedad y solo en algunos casos garantizó mejorar las condiciones reales de ingreso y de bienestar a las familias campesinas, otras en realidad por el hecho de que sus unidades agrícolas familiares se redujeron en extensión con el propósito de incluir un mayor número de familias en cada proceso, terminó generando empobrecimiento de las familias beneficiarias ya que los ingresos generados por la parcela no alcanzan para cubrir los gastos vitales de la familia.

Otras se encuentran endeudadas y sin encontrar un sistema productivo que mejore sus ingresos, algunos otros arrendaron la tierra y otros abandonaron sus parcelas por diferentes causas entre ellas la violencia.

Por todo lo anterior Silvania no es ajena al problema agrario del país y corresponde a los próximos gobernantes buscar alternativas de solución para una población  que no da más espera y que requiere de la concertación de una política clara desde el Ministerio de Agricultura, el Incoder,  el Departamento y con el Municipio que resuelva dicha problemática y le de una salida a estas familias que accedieron a un subsidio de tierras y además le genere verdaderas posibilidades a quienes aún esperan una oportunidad para acceder a la tierra, pero ojalá dentro de procesos empresariales que aseguren el uso eficiente de este factor fundamental para la producción.