El campo colombiano ha vivido en el último tiempo un importante impulso gracias a la política de seguridad democrática, por ello se reactivó el crédito, el empleo y el ingreso en el campo. Sin embargo aún hace falta corregir inequidades para lograr verdadero desarrollo rural de manera integral en el campo colombiano y específicamente en Cundinamarca.
Algunos de los aspectos de mayor relevancia que afectan la igualdad, la equidad y la justicia social en el sector rural están relacionados con tres aspectos fundamentalmente:
La primera tiene que ver con el acceso o la tenencia de la tierra: Hoy la mayoría de nuestros campesinos no son propietarios y los que tienen alguna propiedad no alcanzan la unidad agrícola familiar y por tal razón no garantizan los ingresos necesarios para la subsistencia; otros de nuestros campesinos no poseen título del predio que poseen y por tal razón no acceden fácilmente a crédito y otros han sido desplazados de sus predios y en la actualidad son desarraigados que buscan alcanzar estabilidad socioeconómica.
La segunda es el acceso real al conocimiento y a la asistencia técnica: En este aspecto aunque se hacen esfuerzos por parte del SENA y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, estos procesos no tienen continuidad y además no entregan conocimientos básicos que permitan la implementación de acciones en los pequeños predios y con el uso de elementos de la misma finca que faciliten la adopción de estas tecnologías sin incurrir en mayores costos por parte del productor. Además el servicio de asistencia técnica que debe ser gratuita para los pequeños productores y debe ser brindada por los Municipios, la realidad es que las Umatas o las Entidades que hacen sus veces hoy día no cuentan con los recursos necesarios para adelantar actividades de transferencia como parcelas demostrativas, días de campo, demostraciones de método y de resultado entre otras; por tal razón la asistencia solo llega a unos pocos productores que generalmente son los que tienen algún tipo de organización.
La tercera tiene que ver con el acceso a crédito: Independiente a la implementación de una política departamental de facilitar acceso a este, la realidad es que los pequeños productores del campo siguen teniendo dificultades para asegurar que los bancos, en especial el Agrario, les facilite el acceso a recursos que permitan desarrollar sus proyectos productivos, con asistencia técnica subsidiada y con garantías, que podrían ser pólizas de seguro de cosecha.
Con este panorama y teniendo en cuenta otras necesidades como las vías de comunicación, el acceso a vivienda digna, a saneamiento básico, a educación gratuita, a salud de calidad y a un ambiente sano es necesario desarrollar una política integral de desarrollo rural que incluya todos estos aspectos y que además establezca un sistema nacional de Desarrollo Rural, con la participación de todas las entidades relacionadas con la solución de la problemática antes enunciada. Sin embargo mientras esto ocurre no nos podemos quedar cruzados de brazos y son las entidades territoriales las llamadas a dimensionar y poner en marcha unas estrategias de desarrollo rural a nivel local que reduzcan las inequidades y permitan una dinámica económica que integre el sector rural con el urbano y de esta manera se beneficie toda la población y se mejore la calidad de vida.
No es una tarea fácil, pero se requiere decisión y la suma de voluntades del gobierno y de la comunidad para acometer el camino hacia el desarrollo integral.
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